lunes, 8 de enero de 2018

Tirar la llave

La madre de Diana Quer nos desarma con su deseo: que esto sirva para algo. Ella, que lo ha perdido todo, quiere sacar algo bueno de lo horrendo. Así de grande es la naturaleza humana.

Cómo luchar contra esto, nos preguntamos, y se nos plantea un panorama árido. Se impone la reflexión higiénica y necesaria sobre lo que se ha dicho y escrito sobre el tema: los medios no han dado la talla y hemos de asumir  que hay que instaurar estrategias de comunicación más éticas que ya han sido enunciadas muchas veces por expertos en el tema.  Las características del delito, la actitud del delincuente apuntan en la dirección de un depredador. Un ser que sólo quiere realizar sus deseos, que no está enfermo y cuya conducta no es una construcción cultural. Carente de empatía. Egoísta hasta la médula.
Ante la realidad, la pregunta ¿qué hacer con el más que probable culpable? Antes de responder, pasen por el hastag #sosprisiones, y lean cómo es la vida diaria de los que bregan -también- con este tipo de criminales.
Prolongar el internamiento es una opción. Siempre que hay un caso que sacude a la opinión pública, se reabre el debate por sectores favorables al endurecimiento de las sanciones. Hemos de decir que las penas privativas de libertad en nuestro país son largas, otra cosa son las sentencias, más o menos de nuestro gusto, pero las posibilidades las da el código penal, confeccionado en el parlamento por nuestros representantes. Que el internamiento se alargue casi hasta el final de la vida del preso es una opción que abunda en la idea de la defensa social y que nos protegería  de individuos como el que nos ocupa, puesto que una vez sentenciado, muy posiblemente no saldría a la calle jamás. Otro debate sería si -como ya se planteó en el caso de Reino Unido-, esta pena atenta contra los derechos humanos. Y una vez en este punto, recogiendo el espíritu del 25.2 de la constitución, nos plantearemos la pregunta del millón, ¿cuánta inversión pública estamos dispuestos a inyectar a prisiones? Hacen falta muchos recursos para mejorar las condiciones de trabajo de los que funcionarios que custodian. Hablamos de personal especializado, tratamientos y estudios que nos acerquen a la realidad de los delincuentes de todo tipo. El conocimiento nos ayudaría a detectar los casos incipientes, a encauzarlos en la medida de lo posible, lo que viene siendo más inversión en educación, más en trabajo social, más, más, más...

Aunque casos como el de Diana Quer son muy llamativos, no son ni mucho menos una mayoría en el grueso de los que generan la población penitenciaria que está en régimen de cumplimiento.Nuestra población reclusa tradicionalmente se ha nutrido de los delitos contra el patrimonio; hay un número considerable de casos vinculados a patología dual, y es frecuente escuchar la queja del colectivo de prisiones sobre falta de personal para ejercer las tareas con cierta seguridad. Tenemos una población reclusa mayor que la de esas sociedades europeas que pretendemos emular, y eso depende de nuestras leyes penales y procesales. No caigan en la simplificación de comparar cifras de otros países. Para que eso pudiera hacerse con un mínimo de rigor, habríamos de tener leyes similares, al menos, en la tipificación, y un porcentaje de denuncias similar. Tal vez, a pesar  del morbo y los medios, deberíamos pensar qué hacemos para dotar a la administración penitenciaria de recursos, qué lugar ocupa en nuestras prioridades como ciudadanos, si somos más o menos partidarios de gastarnos el dinero en intentar rehabilitar, ese es el debate. Serviría de mucho reflexionar sobre el modelo penitenciario (sanitario, educativo), los planes de futuro que tiene el gobierno para él, con pasos hacia la privatización (¿un nuevo modelo Alzira?), el tipo de profesionales que queremos tener, porque cuando alguien dice ese lacónico "tirar la llave", la llave se la queda alguien, el funcionario. Piensen.

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